 EN NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO, más de mil empresarios reunidos en el Congreso Anual de la Cámara de la Infraestructura, se sorprendieron con el anuncio del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, de dar paso libre a la llamada Ruta del Sol, el más ambicioso proyecto vial del gobierno Uribe, que conectaría el interior del país con la Costa Atlántica. Con video en mano, el funcionario anunció que para julio de este año ya se tendrían los proponentes ganadores de la licitación, y que para 2008 estarían construidos los primeros 160 kilómetros de doble calzada, 80 correspondientes al tramo Bogotá-San Alberto (Cesar) y 80 más entre San Alberto y Santa Marta.
La noticia causó revuelo en el sector. Parecía que después de varios años de indefinición, y de cargar con la cruz del lío jurídico de Commsa, la administración había decidido meterle el acelerador a lo que expertos consideran la obra de infraestructura vial más audaz y de mayor envergadura en la historia del país. Se trata de una ruta de 900 kilómetros de doble calzada, con un valor cercano a los 2.500 millones de dólares, y que sin lugar a dudas necesitaría del músculo financiero del sector privado. La necesidad de la autopista es incuestionable. A pesar del aumento en el tráfico automotor, a pesar de la buena marcha de la economía y del mayor intercambio comercial, a pesar de las posibilidades de aumentar las exportaciones, las carreteras entre el centro del país y la Costa Atlántica siguen siendo las mismas de hace años. Debido a ello hay quienes consideran que el gran lunar del gobierno de Álvaro Uribe ha sido la infraestructura. "Acá se ha hecho poco y lo poco, va lento", dijo un conocedor del sector. Por eso la Ruta del Sol es tan importante. "Esta iniciativa representa una disminución de al menos tres horas en el trayecto que conduce del centro del país hacia la Costa Caribe que en operación vehicular implica un ahorro de 4,62 billones de pesos constantes del año 2002", agregó el ex ministro Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara de la Infraestructura. Sin embargo, lo que en su momento parecía el gran negocio de 2007 se enfrió y del tema no se volvió a hablar. A raíz del silencio del Ministerio de Transporte empezaron a hacer carrera varias teorías para darle explicación a lo ocurrido. Por ejemplo, se especuló sobre una posible renuncia del ministro Gallego, al que el mismo Presidente le habría dado la orden de enderezar el Plan 2.500 de carreteras regionales antes de su salida. Otros apuntaron a decir que hasta que no se protocolizara el acuerdo entre Commsa y el Invías, después de un tortuoso lío jurídico de más de 10 años, el Gobierno sería incapaz de abrir una nueva licitación, con una carga tan negativa de la opinión pública en torno a este proceso. En este sentido las partes debían esperar un concepto de la Procuraduría, que aún no sale, para cerrar definitivamente el capítulo. Pero un ramo más académico se fue por una razón más de lógica que de política y más financiera que populista: sin estructuración es inviable un proyecto que en video parece ideal. En pocas palabras, el argumento es que nadie se metería la mano al bolsillo sin la suficiente información técnica, financiera y jurídica, que garantizara el retorno de su inversión. Esta teoría ha hecho carrera en las últimas semanas en las que curiosamente se han hecho anuncios por parte de dirigentes gremiales como Santiago Montenegro, de Asofondos, o Sergio Clavijo de Anif, en el sentido de que las empresas de los gremios que representan desearían ser "inversionistas institucionales" en proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo CAMBIO conoció que hace un par de semanas el Ministerio de Transporte contrató finalmente con la Corporación Financiera Internacional, IFC, la estructuración de la Ruta del Sol, cuya labor podría demorar varios meses antes de abrirse el proceso licitatorio. En términos prácticos esto significa que en 2008 empezaría a correr el reloj, al cual habría que agregarle los años que duraría la construcción. Así las cosas, todo indicaría que la construcción de la autopista estaría próxima a ser realidad. Y aunque eso es bueno, resultan imperdonables los años perdidos para poner en práctica una idea que ni ha tenido ni tiene opositores. Ahora solo falta esperar que la labor de la IFC rinda frutos rápidamente, para que el Ministerio invite proponentes y algún día comience la obra a ver si a final de la presente década viajar hacia la Costa por tierra deja de tener las dificultades que existen hoy en día. ¿QUÉ ES LA RUTA DEL SOL? El eje vial Bogotá-Costa Atlántica es la arteria más importante para la movilidad de la economía del país. Por allí se transporta buena parte de la mercancía que entra y sale de Colombia y que tiene como objetivo los puertos marítimos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Pero además, es la troncal más imprescindible para el desarrollo del turismo nacional que se moviliza por tierra rumbo a las playas de las ciudades ubicadas en el Caribe. El gobierno tiene pensado sacar adelante la licitación el próximo año, en dos tramos. El primero arrancaría en el sector de Tobía (Cundinamarca), pasando por Puerto Salgar, para luego llegar a San Alberto (Cesar). El segundo tramo iría desde San Alberto hasta La Ye, en Ciénaga, donde la carretera se divide hacia Santa Marta o a Barranquilla. En total, el tramo completo tiene una longitud superior a los 900 kilómetros. La Ruta del Sol tendría 11 peajes, es decir, dos más de los que existen actualmente.
Fuente: Revista Cambio |
